Aprobado Marco Normativo que promueve la tipificación de delitos energéticos

Aprobado Marco Normativo que promueve la tipificación de delitos energéticos

En el marco de las Sesiones Ordinarias de abril, la Plenaria del Parlamento Andino aprobó por unanimidad el Marco Regulatorio de Tipificación de Delitos Energéticos, el cual fue elaborado con el acompañamiento técnico de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade).

El marco normativo regional número 22 aprobado por los parlamentarios de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, responde a la importancia que representa para la región Andina el proceso de industrialización y el acceso a los productos y servicios energéticos para el mejoramiento del índice de desarrollo humano. Así como a la necesidad de que los Estados miembros del Parlamento Andino, adecuen las políticas públicas necesarias para proteger la energía, fundamentalmente en lo que respecta a su administración, regulación, control y gestión de acceso.

En este sentido, el Marco Regulatorio de Tipificación de Delitos Energéticos pretende garantizar la energía como bien jurídico protegido por el Estado; constituir una orientación básica para la definición y tipificación de delitos energéticos; garantizar la seguridad jurídica y apoyar el desarrollo del derecho energético para el establecimiento de la codificación y reglamentación de todas las actividades de la cadena energética.

Vale la pena señalar que este instrumento jurídico contiene las pautas para la regulación de delitos energéticos. Es decir, que los Estados  miembros del Parlamento Andino podrán encontrar propuestas para incluir y clasificar en su codificación interna las conductas delictivas que afectan a la energía, así como a los productos y servicios que de esta se derivan siempre y cuando estas se ajusten a las legislaciones internas de cada país.

El instrumento jurídico recomienda la tipificación de delitos energéticos a través de cinco categorías. La primera hace referencia a la tipificación para delitos energéticos que atentan contra el patrimonio y la propiedad como por ejemplo: la sustracción ilegal de fluidos energéticos y combustibles; la defraudación en el uso de estos, y la receptación de elementos empleados para la producción o suministro de fluidos energéticos y combustibles.

La segunda hace referencia a los delitos energéticos que atentan contra el orden socioeconómico, como lo es el contrabando de hidrocarburos, derivados y biocombustibles. Así como la sustracción o desvío de hidrocarburos y derivados que circulan por oleoductos, gasoductos o poliductos, entre otros delitos.

La tercera se enfoca en la tipificación de delitos energéticos que atentan contra la seguridad pública como lo son los daños contra la infraestructura de servicios públicos; el incendio contra pozos petrolíferos; la introducción de residuos radioactivos; el entorpecimiento de servicios públicos energéticos, entre otros.

La cuarta se refiere a delitos energéticos que atentan contra la seguridad del Estado. Por ejemplo, los daños en los servicios energéticos, con el objetivo de infundir terror en la población y/o crear un caos que desestabilice el ejercicio del poder público político.

La quinta y última categoría es sobre la tipificación para delitos energéticos que atentan contra la fe pública, un ejemplo claro este delito es la falsificación o uso indebido de logos, sellos, nombre, firmas y cualquier identificación estatal empleada para la distribución de productos y servicios energéticos.

10 Mayo, 2019