El 29 de julio de 2021, durante el Período Ordinario de Sesiones del Parlamento Andino, la Plenaria aprobó el Marco Normativo para el Fortalecimiento de la Cooperación Judicial en la Región Andina, el cual establece acciones básicas para los trámites relacionados a la actividad judicial.

El documento normativo contempla entre otras cosas, que una autoridad de cada país miembro sea la encargada de llevar a cabo todos los trámites referidos a la cooperación y asistencia judicial, además de unificar criterios para la celeridad de estas diligencias.

El Marco establece requisitos mínimos para interponer solicitudes de colaboración y extradición, con el deber de que los Estados deban hacerlo con celeridad y eficacia; también, constituye los parámetros para la homologación y ejecución de cualquier tipo de providencia o decisión judicial; además, propone delimitar los costos de trámites, con el propósito de que los gastos sobre extradiciones, informes, operaciones, entre otros, estén a cargo del Estado que solicita la cooperación y/o asistencia judicial.

Cabe destacar, que la cooperación judicial es importante para combatir la impunidad debido a que amplía el campo de acción de las autoridades judiciales y policivas, de manera que sus funciones no se limiten a su territorio.

Por otra parte, el articulado plantea implementar disposiciones para la realización de operaciones combinadas y asistencia judicial, con el objetivo de ampliar el campo de acción de las autoridades; también pretende consolidar un Sistema Andino de Información de Antecedentes Penales, que busca intercambiar datos de manera rápida sobre los ciudadanos que transiten por la región; igualmente, establece un Foro Anual de Buenas Prácticas para Fortalecer la Cooperación Judicial en la Región Andina, para lo cual el Parlamento Andino se compromete a disponer de su capacidad institucional y política para llevar a cabo los encuentros.

Se resalta que este Marco Normativo contó con los aportes del magistrado auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia y profesor catedrático de la Universidad Externado de Colombia, Dr. Diego González; y de la Dra. María Emilia Cisneros, quien es asesora de la Secretaría de Derechos Humanos de la República del Ecuador.