Un delito abominable

Un delito abominable

Patricia Terán
Parlamentaria andina por Ecuador

Algo está claro y es definitivo: los delitos sexuales en contra de niños y adolescentes son imprescriptibles y, por lo tanto, las acciones y las penalizaciones correspondientes jamás perderán vigencia. Así lo resolvió el Ecuador en consulta popular, con un ‘SÍ’ mayoritario y contundente, a pesar de la campaña estridente que, por intereses políticos mezquinos, alentó a votar ‘todo NO’. En fin. Lo que falta ahora, aunque ya está en proceso, es convertir ese principio en códigos, leyes y reglamentos y, sobre todo, establecer las instituciones, los procedimientos, los financiamientos, los instrumentos de verificación y, también, las mentalidades y las conductas para hacer efectiva la defensa y la preservación de los derechos fundamentales y la integridad física y mental de los menores de edad. Sin excepciones.

La votación en la consulta de febrero demostró, en especial, que ya hay conciencia sobre la importancia de este tema. Cuantificarlo es difícil porque muchos abusos sexuales contra niños y adolescentes no se denuncian o, peor todavía, ni siquiera se los conoce. Pese a su gravedad, el tema era tabú. Pero al fin está dejando de serlo. Se sabe, por ejemplo, que al menos un millón cien mil niños y adolescentes latinoamericanos han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida, desde violación hasta secuestro o reclutamiento forzado. Esa cifra, cuidadosamente estudiada, pertenece a la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Y, en vez de contraerse, tiende a aumentar.

Estamos, pues, ante un problema mayor, de consecuencias personales, familiares y sociales terribles. Y es que la violencia sexual, además de abominable, es uno de los delitos que más hondamente vulnera los derechos humanos, la integridad personal y la estructura emocional de los niños y los adolescentes, con una intensidad que puede durar toda la vida. No basta, entonces, con sancionar a los abusadores mediante leyes punitivas severas. Es necesaria, además, la reparación a las víctimas por medio de todo el apoyo que haga falta, tanto en lo físico y lo sicológico como en lo económico. Pero, ante todo, hay que prevenir el cometimiento del delito a través de la educación, la concientización y el control.

El marco legal, aunque no es suficiente, sí es indispensable para dar una estructura jurídica a la lucha contra el abuso sexual.

En el Ecuador, a partir de la consulta popular, quedaron listas las reformas a la Constitución y al Código Penal para que, en efecto, los delitos sexuales contra niños y adolescentes no prescriban nunca. En el ámbito internacional, adicionalmente, ya existen acuerdos y convenciones para la protección de los menores de edad contra la violencia sexual. Ahí están, entre otros, la Declaración y la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de Menores y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, en especial Mujeres y Niños.

Ahora, complementariamente, existe un proyecto de Marco Normativo para enfrentar en el área andina la violencia sexual contra niños y adolescentes. A nosotros, los Parlamentarios Andinos, nos corresponderá difundirlo, tramitarlo y aprobarlo. Después, a los congresos y asambleas nacionales de los países de la región les corresponderá transformar ese marco en leyes y reglamentos de vigencia efectiva y de aplicación inmediata. Pero, sobre todo, les corresponderá a nuestras sociedades, a todas y a cada una de ellas, convertir el combate contra la violencia sexual en auténticas cruzadas nacionales en las que participemos todos, con decisión y convicción, pues cualquier esfuerzo terminará por ser inútil, o al menos insuficiente, si se agota en empeños aislados esporádicos o parciales.

¡Tenemos que hacerlo ya!

*Las opiniones personales expresadas en este artículo, no comprometen ni identifican la postura institucional del Parlamento Andino

27 Agosto, 2018